El Intendente de General Villegas es un ejemplo cabal del nivel moral y cívico de muchos funcionarios de nuestro país. Representa, asimismo, una prueba viviente de que el sistema democrático que opera en la República Argentina es profundamente disfuncional y precisa de urgentes modificaciones.
“También dijo que la llaman "la rapidita".
Sabemos perfectamente que hay jovencitas que están perturbadas y que pueden estar dispuestas a realizar muchos actos contrarios al pudor y al propio respeto de su persona. Pero ni por un segundo un funcionario público puede siquiera dejar en el aire la más mínima posibilidad que invierta la carga de la prueba y la descargue sobre la víctima.
No importa cuán “rapidita” pueda ser la jovencita, los adultos son responsables de un acto delictivo agravado por el exhibicionismo.
La responsabilidad de los padres de la niña –con todo lo que pueda significar y significa- tampoco entra en el marco del acto despreciable y penalmente punible cometido por los tres adultos y no influye sobre la conducta de los mismos.
Este tipo de conducta –y la respuesta de algunos sectores del “colectivo social”, son las que de alguna forma alientan –o al menos NO DESALIENTAN CON SUFICIENTE VIGOR- la infame trata de personas que ocurre en nuestro país.
Tenemos menores corrompidas en el circuito de la prostitución. Y si los adultos fuesen responsables, no sólo no admitirían mantener relaciones con las –o los- menores, sino que denunciarían de inmediato la situación existente.
La trata de personas persiste porque hay una clientela dispuesta a pagar por sexo sin medir ninguna consecuencia. No sólo los proxenetas y las madamas son responsables, si no también la “honorable” clientela (compuesta mayormente por hombres que a la luz del día pasan por ciudadanos “normales” de la sociedad)
A pesar de los avances en materia de respeto a la mujer, aún queda un largo camino por recorrer.
Basta que una esposa físicamente abusada por su marido se dirija a hacer la denuncia a la comisaría –ni que hablar en el interior de nuestro país- para entender lo que estoy diciendo.
El sexismo desvalorizador de la mujer todavía es una modalidad bien grabada en muchos sectores de la mentalidad social.
Hasta que la mentalidad colectiva evolucione lo suficiente, la única manera de acabar con estos crímenes contra la integridad de la persona es comenzar a castigar de manera ejemplar.
La sexualidad con menores, y aún más, la sexualidad exhibida con menores debe ser objeto de durísimas puniciones. Asimismo todo acto sexual en el que la persona expuesta – independientemente de su sexo- haya sido obligada mediante amenazas o manipulada por medio de alcohol, estupefacientes o engaño. Me refiero a “engaño” en el sentido de que hay personas que están manteniendo sexo sin saber que están siendo filmadas. Se ha vuelto una costumbre la repugnante práctica de colgar videos con “chicas borrachas manteniendo relaciones”.
Vivimos en una época de grandes confusiones con respecto a los límites de la libertad de expresión y el saludable valor de la censura. “Censura” viene de “juzgar” y de “juicio”. Tenemos que saber juzgar lo que está bien de lo que está mal, sin caer en un relativismo moral que denigra la condición humana.
Juzgar con todo el rigor de la ley a los adultos intervinientes, incluso a aquellos “nuevos” que pudieran aparecer en el supuesto de que la jovencita tuviera, como dejan entrever las palabras del descuidado Intendente de General Villegas, otras “historias”. Luego investigar la situación familiar de la menor y verificar si los padres han incurrido en faltas a las responsabilidades de su patria potesdad.
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